Los montos que se pagan por casa van desde $400 hasta $2.500 aproximadamente, según el caso. La diferencia existe porque los gariteros negocian la contribución con cada vecino y, por más que la cifra sea baja, suelen aceptar lo que les ofrecen para mantener el trabajo.

“Los que están en las garitas, en su mayoría, no sirven para nada y lo peor es que observan los movimientos de los vecinos. Jamás quise ni querré tener una en mi cuadra. Saben todo lo que pasa en la casa, cuántos viven y cuándo entran o salen”, remarca Graciela, de Vicente López.

Sofía, en cambio, ve con buenos ojos la labor del hombre que vigila hace 11 años desde la esquina de Gaspar Campos y Vergara, y la de su socio, que está hace 25. “Hace un año que con mi marido heredamos esa garita de los anteriores dueños de nuestra casa, ya que la tenían contratada. Cuenta con la autorización de la jueza de Faltas para funcionar, parece que son muy pocas las que la tienen. El Municipio no interviene para nada, lo único en lo que mete la nariz es que tengan medidores de luz comerciales las que están reglamentadas. Los gariteros son gente amable, servicial, dispuestos a dar una mano para resolver problemas y los consideramos de confianza. A nosotros nos da mucha tranquilidad que estén en la esquina, que se acerquen cuando llegamos con el coche o que me acompañen a la puerta cuando llego caminando de día o de noche”, cuenta la también vecina de Vicente López.

Aunque algunos todavía los siguen eligiendo, otros optaron por cambiar el método para evitar robos.

“Está aumentando todo lo que tiene que ver con seguridad electrónica o física, como cercos eléctricos y cámaras de seguridad”, dice Beaumont. También empezaron a instalar alarmas comunitarias. “Actualmente hay más de 10.000 vecinos del Partido que las poseen”, indican desde la Secretaría de Seguridad municipal.

¿Cómo funciona? Se arman grupos de entre 15 y 30 personas, compran la cantidad de equipos que desean y pagan un servicio privado para que las instalen en los postes de luces con permiso de la Comuna. A diferencia de las garitas, no abonan un monto fijo por mes y, al contratarlo entre varios, es mucho más económico.

“La demanda aumentó un 20% comparado con el mismo período del año pasado. El sistema se hizo más conocido, se volvió efectivo y suma mucho a la prevención”, argumenta Matías Racciatti, uno de los dueños de la empresa Alerta Vecinal, de Munro, que está homologada en el Municipio.

El precio de las alarmas oscila entre $4.200 y $13.000, depende de si tienen reflectores LED, e incluye el costo de instalación. “Hacemos una reunión con los vecinos sin cargo y los orientamos”, expresa Racciatti.

Y detalla: “A todos les damos un aparato que tiene cuatro botones: uno de prevención, con un sonido particular para disuadir a alguien en actitud sospechosa; otro de pánico que suena distinto, cuando ven que un extraño quiere abrir un auto, por ejemplo; otro que enciende los reflectores; y el otro que repite en voz alta el último número del vecino que activó el sistema”. El control anual, que consta de un cambio de batería, cuesta $1.300.

“En febrero un camión chocó la garita que había en Alsina y Baradero (Florida Este). El Municipio restringió la zona y la sacó del lugar porque el garitero no se presentó en la Municipalidad. Hace tres meses, con un grupo de 70 vecinos pusimos dos alarmas en la cuadra y estamos comunicados a través de WhatsApp. Hasta ahora no pasó nada concreto, pero es más seguro”, declara Tito, otro vecino.

Si la gente quiere, los equipos se pueden vincular al Centro de Monitoreo Urbano (CMU). “El Municipio coordina con el vecino para instalar una plaqueta GPRS que se conecta con la alarma y, cuando la sirena suena por más de diez segundos, llega una alerta con los datos de la alarma en cuestión al CMU y se inicia el protocolo correspondiente, enviando un móvil de la patrulla al lugar”, informó la Comuna. Hay 308 grupos de vecinos que cuentan con este sistema.

Casillas que no están en regla y vigiladores en negro

Las garitas de seguridad privada en la vía pública están reguladas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. A través de la Ley 12.297, se pueden instalar en forma legal. De todas formas, la mayoría de las casillas del Distrito no están en regla.

“El Municipio tiene injerencia sobre la parte edilicia, o sea, el espacio físico de la garita; y la Provincia, sobre el vigilador. Es decir, las garitas deben tener doble habilitación, municipal y provincial, pero todas funcionan en negro. Las únicas que están en blanco son las que tienen los colegios”, asegura Stephen Beaumont, del Foro de Seguridad de Olivos.

Lo concreto es que, a pesar de su vigencia en el Distrito -incluso aunque la actividad esté en baja-, es una práctica que sigue siendo muy cuestionada.

Para colmo, las áreas abocadas a la regulación se pasan responsabilidades y no brindan detalles precisos. “Cada cinco años viene alguien de La Plata a inspeccionarnos”, contó un hombre que trabaja en una garita con los papeles al día -según aseguró- que está situada en el Bajo.

Desde el Municipio confirman que en los últimos años sacaron muchas casillas y que, desde que Jorge Macri asumió como Intendente, se empezó a hacer hincapié en las alarmas o en el llamado al 0800 durante los primeros años de gestión y en el 109 desde fines de 2017 para todos los temas vinculados a la seguridad.

“Nunca se hizo nada con las garitas. Al Municipio no les interesa regular la situación para no entrar en conflicto con los vecinos, ya que siempre hay algunos que las quieren y otros que no”, remarca Beaumont.

Para los que viven en el Distrito, uno de los puntos importantes es que los vigiladores estén regulados y con la documentación en orden. “Hubo casos de gariteros que le hicieron juicios a vecinos por tenerlos en negro”, concluyó Beaumont.

Dos casos que terminaron en tragedia

En el Partido hubo dos casos de mucha repercusión protagonizados por gariteros que terminaron en tragedia.

El 8 de junio de 1997, Isidro Adolfo Morales, un sereno de una garita ubicada en Carapachay que no estaba habilitada mató de un balazo a Rodrigo Sebastián Susevich Raze (22) cuando volvía de un recital. En el año 2000, un hombre que vigilaba desde la esquina de Villate y Pedro Goyena, en Olivos, murió en un asalto y a la familia que lo había convocado le terminaron embargando la casa.