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05/03/2018 Por La Nación. FUENTE Hay grises en su regulación y algunos municipios prefieren evitar el conflicto con los vecinos

Quien camine por la calle Ayacucho y quiera cruzar la calle Juan José Diaz, tendrá que esquivar la casilla de Juan Aguilera, un hombre de 63 años que se siente orgulloso de que lo llamen «garita». «Hace 40 años estoy acá, a pedido de los vecinos», dice el vigilador. Cuenta que tenía un almacén por la zona y que un día los vecinos, gracias a la confianza que les generaba, le pidieron que se instale en la esquina de estas calles para vigilarlos. Construyó una casita de dos metros por un metro de cemento y ladrillo en el medio de la vereda.

Un martes a las cuatro de la tarde, un patrullero pasa delante de su casilla y toca dos bocinazos a los que Aguilera devuelve levantando su mano. Hoy tiene a cargo cuatro casillas en esta cuadra. «Tengo el monotributo para que no me molesten, pero nadie me dice nada, la mayoría quiere que los cuide», dice.

«La seguridad privada en Provincia es un problema, y las garitas son un tema en donde se prefiere mirar para otro lado para no despertar quejas ni conflictos entre los vecinos», dice Manuel Abella, concejal reelecto del Partido de San Isidro. Abella explica que la escala de legalidad los vigiladores tiene tres grados. Los que están bajo relación de dependencia de una empresa de seguridad en regla y de acuerdo a los requisitos de la ley de seguridad privada; los que trabajan para una firma que difícilmente tenga los papeles en regla y aquellos vigiladores que, como Aguilera, se han instalado con el consentimiento de los vecinos y no tienen permiso legal alguno.

En muchos de los barrios residenciales del conurbano bonaerense las casillas de seguridad son motivo de problema entre los vecinos. Más bien temprano que tarde los vecinos del barrio tendrán que decidir qué hacer respecto del vigilador de la esquina.

Julieta Comito (27), vecina de Temperley, dice que tienen la casilla hace cuatro años y que desde entonces solo robaron una vez en su cuadra. «Se llevaron una rueda de auxilio y desde entonces, esos vecinos no le pagan más a la seguridad». Comito dice que el pago es a voluntad y que hay tensión entre los vecinos que pagan y los que no. Los importes abonados entre los quince vecinos de su cuadra van de mil a tres mil pesos por mes. «Los que más pagan son los que toman las decisiones. Por ejemplo, se debatió la idea de poner un baño químico y esto generó polémica en la cuadra».

Serenos, como se los suele llamar, los «garitas» no se alteran demasiado. «Estoy tranquilo, hace cuatro años que estoy acá y nunca ha pasado nada», dice Oscar (64), vigilador en el barrio de Olivos. Está sentado en una silla de plástico blanca y apoya su cabeza contra la pared de una casa de ladrillos. Delante de la casilla, que mide 1,5 metros cuadrados por 2,1 metros de altura, dentro de la cual pasa muchas de las doce horas que tiene cubrir seis días a la semana. «Sí, estoy bien. Escucho la radio, charlo con los vecinos que pasan, camino por la cuadra, es tranquilo esto», comenta. Dice que cuida las cuatro cuadras que forman la esquina, y que algunos vecinos le pagan y otros no. «No me hago mayor problema por aquellos que no me pagan, están en su derecho. Hasta miro que entren bien cuando llegan a sus casas», comenta.

María Gabriela Rossi (51), es de Beccar y maestra jardinera. Dice: «Ya no les pago más. No sirven para nada. Muchas son las veces que paso por la esquina y está Walter sentado con la cabeza caída en su quinto sueño». Rossi cree que tener un vigilador no tiene sentido. «Hace un año, el vecino de atrás hizo una fiesta y los chicos que no dejó entrar saltaron la reja de mi casa para entrar por atrás a lo del vecino», cuenta con bronca. «El seguridad jamás se enteró», remata.

Gonzalo Cohen (25), estudiante, vive en Florida, a veinte metros de la intersección de las calles Arenales y Avellaneda. Cuenta que hace cuatro años se juntaron en la Iglesia con los vecinos de esa esquina y decidieron poner una garita. Fueron a buscar al custodio de la otra esquina, que tiene a cargo otras casillas por la zona, y le pidieron un presupuesto. Le pagan entre todos alrededor de 13 mil pesos por mes por cuidarlos de noche. El «garita» trabaja doce horas, seis días a la semana. También le dan un seguro de vida y contra accidentes.

«No creo que su trabajo sea en sí útil, sino el hecho de que haya una casilla ahí instalada sirve para espantar un robo mayor y darnos una mayor sensación de seguridad «, dice Cohen. El estudiante agrega que el vigilador se suele quedar dormido y que a pesar de su presencia a menos de veinte metros de su casa, le robaron su bicicleta que había dejado atada contra las rejas.

Otro vecino de Florida que prefiere no declarar su identidad cuenta que hace unos años, a causa de una ola de asaltos en las casas, los vecinos decidieron contratar un vigilador. «Citamos a un ‘garita’ que llevaba años trabajando en una esquina y lo primero que hizo al llegar fue apoyar un arma sobre la mesa», cuenta. Explica que es el único vigilador armado de la zona, pero asegura que jamás lo vio hacer uso de su revólver. «Es una persona tranquila, lo que le interesa es marcar territorio y tener el control de la zona», dice.

Regulación

Stephen Beaumont, presidente del Foro de Seguridad de Olivos y La Lucila, una de las muchas agrupaciones vecinales que administra la Subsecretaría de Participación Comunitaria, explica que, legalmente, las responsabilidades son bien claras. La provincia legisla sobre las personas, mientras que los municipios están a cargo de la regulación física de las casillas.

El último informe que realizó el foro indicó que las 215 casillas ilegales en Vicente López representan el 95% del total de las garitas.

Beaumont es conciso: «A los municipios no les interesa regular la situación porque de todas maneras generaría un conflicto». Se refiere a las quejas que recibirán de muchos vecinos si echan a los «garitas» de sus casillas. Además, asegura que así, el poder local aprovecha para hacer sus negociados. «Los viernes son los días donde la policía municipal pasa a recoger los sobres», dice.

En el ministerio de seguridad de La Provincia de Buenos Aires señalan que la vigilancia privada en el espacio público está legislada por la ley 12.297. Un funcionario del ministerio asegura que uno de los requisitos para que las casillas de seguridad puedan operar es la habilitación municipal. No niega que en la Provincia la mayoría de las garitas esté en situación de infracción. «Se hacen relevamientos, se redactan actas de contravención a vigiladores en infracción, se los sanciona, se los aparta. Pero luego algún otro toma ese lugar», explica el funcionario.

Beaumont es más contundente para explicar el problema: «La enorme cantidad de vigiladores hace que el problema le escape al gobierno provincial».

Una manera de protegerse que no avanza ni retrocede

Según Stephen Beaumont, la cantidad de garitas permanece igual desde 2012, cuando se realizó el último censo en Vicente López: «Algunas casillas han desaparecido porque los vecinos se hartaron de pagarles, pero al mismo tiempo se instalaron nuevas». En el barrio de Florida son muchas las casillas que están cerradas con candado o podridas. Los vecinos explican que no están más porque nadie les pagaba, entonces los cuidadores se fueron solos.

El costo de tener un garita en norma

Juan García Coni, dueño de la empresa Star Glocks Security estima que el costo de un servicio de seguridad vecinal, legal y en regla, las 24 horas, los 365 días del año está en el orden de los $2130 mensuales. Un vecino con el mismo servicio contratado de manera ilegal paga alrededor de $700. Esto explica de algún modo por qué abundan las garitas ilegales.

El riesgo de tener un garita

Donde hay un vigilador y una persona que paga hay una relación laboral. Manuel Abella, concejal del partido Convocación por San Isidro subraya el riesgo que asumen los vecinos cuando deciden pagarle a un garita. «Muchos vecinos se encuentran en una encerrona porque se sienten comprometidos a pagarle a los vigiladores, muchos de los cuales no están en el sistema regulatorio y esto es motivo de potenciales problemas, como juicios laborales, si los vigiladores llegan a tener un accidente».