07/07/2016 Por La Nación. FUENTE El oficialismo porteño dará marcha atrás con una ley que aprobó en diciembre pasado y que generó el rechazo total de organizaciones vecinales, grupos de inquilinos y consorcistas. Fueron seis meses de reclamos -que incluyeron campañas en redes sociales y manifestaciones en la puerta de la Legislatura- los que torcieron la voluntad política y lograron que Pro se disponga a derogar la norma que creó el polémico Consejo de la Propiedad Horizontal de la Ciudad de Buenos Aires (Cphcaba), que les daba mayor poder a los encargados de edificio y a las cámaras oficiales de la propiedad horizontal.

El oficialismo espera que la anulación se concrete en la sesión de hoy si los legisladores de la oposición acompañan un texto de consenso en el que se pedirá la derogación de la ley 5464. En Pro intuyen que se aprobará por unanimidad.

«En distintas instancias de participación ciudadana los vecinos nos mostraron su disconformidad y cierto temor por el funcionamiento del Consejo», dijo a LA NACION el jefe del bloque de Pro, Francisco Quintana, al fundamentar la decisión de parte del Ejecutivo. «Sabemos hacer una autocrítica y enmendar las cosas cuando se hacen mal, a pesar de que la ley se aprobó con 58 votos positivos sobre 60 posibles», agregó.

La norma fue sancionada en la última sesión del año pasado en un paquete de leyes que contó con el apoyo, principalmente, de los bloques de Pro y del Frente Para la Victoria. El proyecto, elaborado por el ex legislador Fernando Muñoz (hoy titular de la Defensoría del Inquilino), destacaba que el Cphcaba sería un espacio de debate y discusión plural, integrado por todos los sectores involucrados en la propiedad horizontal. Pero en la composición del comité ejecutivo estaba el mayor foco de desconfianza.

El órgano central del Cphcaba sería constituido por tres representantes de las cámaras oficiales de la propiedad horizontal, tres del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), uno del sector de consorcios y propietarios, uno relacionado con la defensa de los consumidores, uno del nuevo gremio de Empleados de Administradores de Consorcios, otro de la Defensoría del Pueblo y otro del gobierno porteño. El rechazo partió ante el temor de que las decisiones tomadas por el comité generaran mayores gastos a los consorcios y que se trasladaran al propietario o al inquilino en las expensas.

«El debate público que envuelve este tema excede la abrumadora mayoría con que se aprobó la ley. Esto nos hace reflexionar en la manera en que debe volver a debatirse esta problemática», opinó el titular del Suterh, Víctor Santa María, en una carta dirigida al vicejefe porteño, Diego Santilli.